Psicothema, 2006. Vol. Vol. 18 (nº 2). 200-206

Guacimara Rodríguez, Juan Camacho, María José Rodrigo, Juan Carlos Martín^* y María Luisa Máiquez

Este trabajo analiza los perfiles de riesgo psicosocial que permiten discriminar entre niveles de riesgo bajo, medio y alto. También se examina si las evaluaciones del grado de riesgo realizadas por los técnicos de servicios sociales son coherentes con su decisión de iniciar un expediente de declaración de riesgo. Para ello, se revisaron los indicadores de riesgo de 468 familias (245 biparentales y 223 monoparentales), por medio del Perfil de Riesgo Psicosocial de la Familia. Los análisis muestran que la exclusión social y la violencia familiar discriminan entre la valoración de riesgo alto y del medio-bajo en las familias biparentales. La negligencia y la violencia familiar, unida a la carencia de habilidades maternas y la desadaptación del menor, discriminan entre el riesgo alto y el medio-bajo en las familias monoparentales. Además, se observa una alta coherencia entre la valoración del riesgo psicosocial y la tramitación de una declaración de riesgo en ambas familias, con tendencia a sobreestimar el riesgo medio en las monoparentales.

Psychosocial risk assessment among families receiving assistance from the social services. This study analyses the psychosocial risk profiles that better discriminate between three levels of risk: low, middle and high. We also examine to what extent the assessments of the level of risk made by professionals of social services are consistent with their decision of initiate a «risk declaration» expedient. For this purpose, 468 cases of families (245 two-parents and 223 one-parent) were examined through the Psychosocial Risk Profile of the Family. Discriminant analysis showed that social exclusion and family violence profiles discriminate between high and middle-low levels of risk in two-parent families. Negligence and family violence plus maternal inadequacy and children maladjustment discriminate between high and middle-low levels of risk in one-parent families. There is a high consistence between the assessment of psychosocial risk and the decision to initate a procedure of a «risk declaration» in both families, with a tendency to overestimate the middle risk in one-parent families.

El maltrato infantil en la familia es un problema grave al que, en estos últimos años, se le ha prestado mucha atención, tanto desde el ámbito de la investigación como desde el campo aplicado. Uno de los avances más notables en el campo aplicado ha sido la creación de equipos de intervención especializados en la detección y el trabajo preventivo con familias en situación de riesgo psicosocial. Ello ha ido acompañado del desarrollo de leyes de protección al menor y a la familia que pretenden, entre otros fines, el ordenar e impulsar los servicios de apoyo a estos colectivos desfavorecidos.

En Canarias se promulgó en 1997 la Ley 1/97 de Atención Integral al menor y a la Familia, que promueve, entre otras acciones, una organización multinivel de los servicios de protección a la infancia. A partir de dicha ley se inaugura un espacio de actuaciones preventivas con las familias que, aún presentando una serie de indicadores de riesgo psicosocial que comprometen en mayor o en menor medida el desarrollo del menor, pueden seguir manteniendo a sus hijos con ellas. Se sigue una filosofía de preservación familiar, según la cual la familia es una fuente importante de estabilidad y de apoyo para el menor, por lo que deben hacerse todos los esfuerzos para que pueda seguir manteniendo estas funciones del modo mejor posible.

La puesta en práctica de la ley ha puesto de relieve la importancia que tiene la evaluación del grado de severidad del riesgo psicosocial que afecta al menor. Si la evaluación del riesgo es inadecuada, pueden tomarse decisiones incorrectas respecto al futuro del niño. Este estudio tiene como primer objetivo analizar qué perfiles de riesgo psicosocial permiten discriminar mejor entre tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Para ello se parte de la valoración caso por caso, realizada por los técnicos de los servicios municipales, de la ocurrencia de una serie de indicadores de riesgo que reflejan la situación familiar en términos de su peligrosidad para el desarrollo del menor. Asimismo, para cada caso los técnicos emiten un juicio global de severidad del riesgo, calificándolo como bajo, medio o alto. Mediante análisis estadísticos, se pretende obtener aquellos perfiles de riesgo psicosocial que mejor discriminan entre tales niveles de riesgo.

El segundo objetivo de este trabajo consiste en examinar el grado de coherencia entre la evaluación del riesgo realizada por los técnicos y la decisión de iniciar un expediente de declaración de riesgo. Esta declaración es un paso importante porque abre un período de trabajo con la familia destinado a obtener mejoras en su funcionamiento que permitan preservar su integridad. Estudios internacionales señalan que aunque hay un acuerdo considerable sobre la lista de los factores de riesgo, no lo hay tanto respecto a su correspondencia con las decisiones tomadas (Arad, 2001; DePanfilis y Scannapieco, 1994).

¿Cuáles son los indicadores de riesgo psicosocial que aparecen relacionados con las situaciones de maltrato? La respuesta a esta pregunta ha ido ligada a los diferentes modelos que han tratado de explicar dichos comportamientos parentales. Citaremos dos modelos que han propiciado un enfoque más integrador al problema. Belsky (1980) propuso que las características individuales de los padres, el microsistema (ambiente inmediato de desarrollo), el exosistema (comunidad de la que forma parte la familia) y el macrosistema (valores sociales y culturales) son los cuatro factores que contribuyen a la aparición del maltrato infantil. Por su parte, Cicchetti y Rizley (1981) presentaron un modelo ecológico transaccional que describe la existencia de factores de riesgo y factores de protección, que están presentes en los distintos niveles que influyen en el desarrollo. En ambos modelos queda patente que la acumulación de factores de riesgo es más relevante para determinar un posible resultado evolutivo, que la presencia de algunos de ellos por separado (Garmezy y Masten, 1994). Diversos estudios se han dedicado a detectar el efecto de la acumulación de factores de riesgo sobre la aparición de una amplia variedad de problemas de desarrollo infantil (por ejemplo, Kolvin, Miller, Scott, Gratznis y Fleeting, 1988; Rutter y Quiton, 1984; Trigo, 1998). En dichos estudios se establece que la acción de múltiples factores adversos coadyuva a la aparición de una gran variedad de problemas en los menores.

Sin embargo, una posible desventaja de los índices acumulativos de riesgo es que presentan la acción de factores de diversa índole sin hacer mención expresa a ello. Ackerman, Izard, Scholl, Youngstrom y Kogos (1999) señalan que habría que distinguir entre factores de riesgo contextuales y próximos. Entre los primeros estarían, entre otros, el historial de abuso, la enfermedad mental parental y la pobreza. Entre los factores próximos estarían el apego, la existencia de pautas educativas inadecuadas, el temperamento del niño, sus bajos resultados escolares y sus problemas de adaptación social. Ackerman et al (1999) encontraron que la acción de los factores contextuales sobre el comportamiento desadaptado del menor se veía modulada por la acción de algunos factores próximos. Por su parte, Lila y Gracia (2005) también diferenciaron entre factores personales, familiares y sociales a la hora de explicar la conducta parental.

En este estudio se han tenido en cuenta factores contextuales (las redes de apoyo, la organización familiar y la historia personal y las características del padre/madre) y factores próximos de riesgo (la relación de pareja, las prácticas educativas de riesgo y los problemas de adaptación del hijo/a), con el fin de observar cómo se combinan para dar lugar a los diferentes perfiles de riesgo. Además, se han analizado perfiles de riesgo psicosocial para familias biparentales y monoparentales. Tal y como se refleja en otros estudios (Ackerman et al, 1999), la monoparentalidad es un factor que, unido a otros, aumenta la probabilidad de riesgo en el desarrollo del menor. Por ello, se prevé que los perfiles de riesgo sean diferentes en ambos tipos de estructura familiar. Pasamos a comentar brevemente algunos estudios centrados en cada uno de estos factores de riesgo.

En cuanto a la importancia del apoyo social, hay evidencia que asocia el aislamiento social con el alto riesgo de maltrato. Los padres maltratadores tienen una red de amigos más pequeña (Starr, 1982), y menos contacto con su familia de origen (Zuravin y Greif, 1989). Además, suelen estar aislados de las instituciones y los sistemas formales de apoyo (Gracia y Musitu, 2003).

Respecto a la falta de habilidades de organización doméstica familiar, estaría ligada a la insuficiencia de recursos y la inestabilidad laboral (Trigo, 1998). A su vez, la pobreza y el desempleo están relacionados con las tasas de maltrato en una comunidad (Steinberg et al, 1981). Sin embargo, puede existir un sesgo de sobrerepresentación de estas familias, ya que son las que tienen más posibilidades de ser detectadas por los servicios sociales (Baumrind, 1994). Para explicar la relación entre pobreza y maltrato infantil es necesario tener en cuenta la presencia de variables mediadoras, como el estrés o la depresión parental (Elder, Conger, Foster y Ardelt, 1992).

La historia personal y las características del padre/madre han sido también muy estudiadas como factores de riesgo. En la revisión realizada por Kaufman y Zigler (1987) se concluyó que la influencia de la transmisión intergeneracional del maltrato infantil se da en un 30% de los casos. En cuanto a la presencia de patologías mentales en los padres que maltratan, se da en menos del 10% de los casos. Sin embargo, Zuravin (1988) encontró que las madres con una depresión grave tenían casi el doble de posibilidades de mostrar comportamientos negligentes que las de un grupo control.

Entre las características del microsistema familiar están las relaciones de pareja conflictivas o violentas. En general, las parejas de padres maltratadores son menos cálidas, se apoyan menos entre sí y se muestran más agresivas que las parejas de padres que no maltratan a sus hijos (Howes y Cicchetti, 1993).

En cuanto a las pautas educativas de riesgo, la atención se centra en las habilidades parentales y las conductas educativas (Rogosch, Cicchetti, Shields y Toth, 1995). Según Belsky (1993), la alta reactividad negativa y los estilos de atribución han recibido especial atención. Los padres que maltratan físicamente muestran más reactividad fisiológica en las interacciones parento-filiales (Wolfe, 1985). Esta alta reactividad los sitúa en un estado de irritabilidad frecuente, lo cual puede promover las respuestas impulsivas y restringir su reflexión sobre la toma de decisiones. A su vez, Bauer y Twentyman (1985) encontraron que las madres que maltratan físicamente, ante situaciones estresantes percibían una mayor intencionalidad negativa en los hijos que las madres negligentes y de control.

Finalmente, la desadaptación del menor, que se manifiesta en la existencia de problemas de conducta, retraso o absentismo escolar y trastornos emocionales, componen otros factores de riesgo muy a considerar. Además, el haber sido víctima de maltrato en la infancia puede aumentar la probabilidad de padecer un trastorno por estrés postraumático (Martín y De Paul, 2004).

En suma, con este estudio pretendemos conocer qué conjunto de indicadores de riesgo psicosocial de los citados son los que mejor discriminan entre los tres niveles de riesgo, y cómo se relacionan éstos con la decisión de declarar en riesgo al menor.

Método

Participantes

Se analizaron 468 casos de menores y sus familias de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Todas las familias eran usuarias de los servicios sociales municipales e iban a participar en el programa de formación para padres elaborado por la Universidad de La Laguna y la Fundación ECCA. Algunos de estos menores se encontraban declarados en riesgo psicosocial. 245 familias eran biparentales y 223 monoparentales. La valoración del riesgo fue realizada por 45 profesionales de los servicios sociales.

En la tabla 1 se muestra la distribución de familias monoparentales y biparentales según las variables sociodemográficas analizadas. Como puede observarse, hay un mayor número de familias monoparentales que residen en zona urbana, que los padres son de menor edad, tienen un número menor de hijos, reciben ayuda económica y están sin empleo.

Instrumento y procedimiento

Se utilizó un instrumento denominado Perfil de Riesgo Psicosocial de la Familia (Rodrigo, Capote, Máiquez, Martín, Rodríguez, Guimerá y Peña, 2000). Éste fue elaborado a partir de varios modelos utilizados por los servicios sociales de Canarias. Los profesionales que trabajan a diario con las familias lo cumplimentaron. Los indicadores que se analizan exploran las redes de apoyo, la organización familiar, la historia personal y las características del padre/madre o cuidador/a, el microsistema familiar (pareja), las prácticas educativas de riesgo y los problemas de adaptación del hijo/a. Las respuestas son dicotómicas (sí, no) para facilitar su uso. De esta manera, se puede realizar una evaluación inicial y rápida que les permita valorar el nivel de gravedad de la situación familiar, y decidir cuáles se encuentran en una situación más comprometida. Además, los técnicos debían emitir al final un juicio sobre la valoración global del riesgo de la familia (bajo, medio y alto), e informar sobre si el menor había sido declarado en riesgo.

Resultados

Análisis preliminares

Comenzaremos mostrando las tablas (véanse tablas 2 y 3) con las medias obtenidas en cada uno de los indicadores de riesgo para los menores clasificados como de bajo, medio y alto riesgo, procedentes de familias biparentales y monoparentales.

Análisis discriminante para las familias biparentales

Se utilizó el análisis discriminante mediante el paquete estadístico SPSS-10, en el que la variable de clasificación fueron los niveles de valoración del riesgo: bajo, medio y alto. Esto nos permitió conocer qué combinación lineal de indicadores de riesgo (perfil de riesgo) permite discriminar mejor entre los tres grupos. A continuación presentamos las dos funciones obtenidas para las familias biparentales. Para cada una de ellas se presentan los indicadores que conforman la función, cuya contribución en pesos estadísticos es mayor que .25.

En la primera función discriminante (χ²_{(84, N= 245)}= 243,29; p≤.001), ocho variables contribuyeron principalmente a la diferencia entre los perfiles de riesgo (Wilks’= .20; p<.001): Vivienda en malas condiciones de mantenimiento, equipamiento y orden (.44), Desconocimiento de las necesidades emocionales y cognitivas de los hijos (.42), Falta de higiene del hijo (.41), Deficiencia en habilidades de organización y economía doméstica (.34), Normas excesivamente rígidas e inconsistentes (.32), Retraso escolar del hijo (.31), Carencia de redes sociales de apoyo (.28), Relación de pareja conflictiva (.26). Hemos denominado a esta función exclusión social.

En la segunda función discriminante (χ²_{(41, N= 245)}= 65,7; p≤.01), once variables contribuyeron principalmente a la diferencia entre los perfiles de riesgo (Wilks’= .64; p≤.01): Agresión verbal o física como método disciplinario (.46), Abuso de drogas o alcohol en el padre (.43), Relación padres-hijos conflictiva (.39), Abuso de drogas en algún familiar (.39), Falta de control sanitario en el hijo (.36), Historia de conducta violenta o antisocial en la madre (.35), Negligencia parental en los deberes de protección (.35), Despreocupación por la salud, higiene, educación u ocio de los hijos (.34), Relación padres-hijos violenta (.28), Trastornos emocionales del hijo (.26) y Problemas de conducta en el ámbito escolar del hijo (.26). A esta segunda función la hemos denominado maltrato infantil y violencia familiar.

La figura 1 muestra qué posición ocupan los centroides de los tres niveles o grupos de riesgo en las funciones encontradas. El grupo de menores de riesgo bajo puntúan de forma negativa en ambas funciones, especialmente en la función 1. Por su parte, el grupo de riesgo medio se caracteriza por presentar características de la función 1, pero puntúan negativamente en la función 2. Por último, el grupo de alto riesgo presenta de forma muy acusada características de ambas funciones. Por tanto, el perfil de exclusión social discrimina entre el bajo y el medio / alto riesgo, mientras que el perfil de maltrato infantil y violencia familiar discrimina entre el bajo / medio y el alto riesgo.

Estas dos funciones en conjunto permiten clasificar correctamente como riesgo bajo al 86,7% de los menores incluidos originariamente en el bajo riesgo, como riesgo medio al 75,5% de los menores, y como riesgo alto al 86% de los menores. Ello indica que existe una gran concordancia entre la clasificación original realizada por los técnicos de servicios sociales y la clasificación pronosticada mediante las dos funciones discriminantes. La categoría de riesgo medio sufre pequeñas distorsiones, ya que un 16,3% de estas familias comparte características pronosticadas como de riesgo bajo.

Análisis discriminante para las familias monoparentales

A continuación mostramos las dos funciones obtenidas en el análisis discriminante para las familias monoparentales. Se sigue el mismo criterio que en caso de las biparentales.

En la primera función discriminante (χ²_{(70, N= 223)}= 147; p<.001), siete variables contribuyeron principalmente a la diferencia entre los perfiles de riesgo (Wilks’= .31; p<.001): Negligencia parental en los deberes de protección (.45), Desnutrición del hijo (.31), Relación de pareja violenta (.30), Relación entre hermanos violenta (.27), Problemas de conducta en el ámbito social del hijo (.26), Trastornos emocionales del hijo (.26) y Carencia de redes sociales de apoyo (.26). A esta función la hemos llamado negligencia parental y violencia familiar.

En la segunda función discriminante, aunque no significativa (χ²_{(34, N= 223)}= 33,2; n.s.), doce variables contribuyeron a la diferencia entre los perfiles de riesgo (Wilks’= .77; n.s.): Absentismo escolar del hijo (.48), Malestar psicológico de la madre (.36), Problemas de conducta en el ámbito familiar del hijo (.34), Problemas de conducta en el ámbito escolar del hijo (.31), Desconocimiento de las necesidades emocionales o cognitivas de los hijos (.31), Despreocupación por la salud, higiene, educación u ocio de los hijos (.29), Relación padres-hijos violenta (.28), Historia personal de abandono de la madre (.28), Retraso escolar del hijo (.27), Falta de higiene del hijo (.27), Relación padres-hijos conflictiva (.27), Deficiencia en las habilidades de organización y economía doméstica (.27). Esta segunda función se ha denominado malestar y carencia de habilidades del cuidador e inadaptación del hijo.

La figura 2 muestra qué posición ocupan los centroides de los tres niveles de riesgo en las funciones encontradas. Como puede observarse, el grupo de riesgo bajo puntúa negativamente en ambas funciones, sobre todo en la función 2. El grupo de riesgo medio tienden a puntuar negativamente en la función 1 y positivamente en la 2. Por último, el grupo de alto riesgo puntúa alto en las dos funciones. Por tanto, el perfil de negligencia parental y violencia familiar discrimina entre el bajo/medio y el alto riesgo, mientras que el perfil de malestar y carencia de habilidades del cuidador e inadaptación del hijo discrimina entre el bajo y el medio/alto riesgo.

Estas dos funciones permiten clasificar correctamente como riesgo bajo al 89,7% de los menores incluidos originariamente en el bajo riesgo, como riesgo medio al 66,7% y como riesgo alto al 89,5% de los menores de riesgo alto. Ello indica que existe una gran concordancia entre la clasificación original realizada por los técnicos de servicios sociales y la clasificación pronosticada mediante las dos funciones discriminantes. La categoría de riesgo medio es la que sufre mayores distorsiones, ya que un 25,5% de estas familias comparte características pronosticadas como de riesgo bajo.

Concordancia entre la valoración del riesgo y la declaración administrativa de riesgo del menor

A continuación analizamos la relación entre la valoración del riesgo efectuada por los profesionales y la decisión de declarar administrativamente al menor en riesgo. Respecto a las familias biparentales, los análisis muestran que existe una relación entre la valoración del riesgo efectuada por los profesionales y la declaración de riesgo (χ²_{(2, N= 229)}= 136,25; p≤.001). La mayoría de las familias consideradas de riesgo bajo no han sido declaradas en riesgo (93,75%). Casi todas las familias valoradas de riesgo alto han sido declaradas en riesgo (97,06%). El riesgo medio es el grupo peor clasificado, ya que la proporción de familias declaradas (60%) es similar a la de no declaradas (40%).

Respecto a las familias monoparentales, los análisis muestran que también existe una relación entre la valoración del riesgo de los profesionales y la declaración de riesgo (χ²_{(2, N= 213)}= 67,58; p≤.001). La mayoría de las familias valoradas de riesgo bajo no han sido declaradas en riesgo (73,12%). La gran mayoría de familias de riesgo alto han sido declaradas en riesgo (96,08%). Por último, las familias de riesgo medio han sido declaradas en riesgo (65,22%) en mayor proporción que no declaradas (34,78%).

Discusión

El primer objetivo del estudio era detectar los perfiles psicosociales que mejor discriminan entre los tres niveles de riesgo. Los análisis han mostrado que los perfiles de riesgo de las familias biparentales y monoparentales difieren entre sí. En las familias biparentales se han encontrado dos perfiles. El primero agrupa indicadores de exclusión social que combinan factores contextuales (mala organización doméstica y falta de redes de apoyo) y factores próximos (desconocimiento de las necesidades de los hijos, normas inadecuadas, retraso escolar y relación de pareja conflictiva). Este perfil es más característico de los menores de riesgo medio y alto que de los de nivel bajo. Parece que los profesionales distinguen entre los problemas económicos de las familias usuarias de servicios sociales y aquellos que van acompañados de problemas organizativos, educativos y convivenciales, que apuntan a una situación de exclusión social.

El segundo perfil agrupa indicadores de maltrato infantil y violencia familiar que combinan factores contextuales (abuso de drogas en el padre u otro familiar y conducta antisocial de la madre) y un buen número de factores próximos (maltrato físico y negligencia en los comportamientos parentales y en el conocimiento de las necesidades básicas de los hijos, relaciones padres-hijos conflictivas y violentas, trastornos emocionales y problemas de comportamiento escolar en los hijos). Este perfil es más característico del riesgo alto que del medio y bajo. Los profesionales consideran que es la conjunción de ambos perfiles la que cualifica para una valoración de alto riesgo para el menor. El perfil de exclusión social por sí solo es condición necesaria pero no suficiente para alcanzar dicho nivel.

Respecto a las familias monoparentales, hemos encontrado también dos perfiles. El primero agrupa indicadores de negligencia parental y violencia familiar que combinan un factor contextual (carencia de redes de apoyo) y varios próximos (negligencia y descuido en las necesidades básicas, problemas de conducta social y trastornos emocionales en el hijo/a y relaciones violentas en la pareja y los hermanos). Este perfil es más propio del riesgo alto que del medio y bajo. El segundo perfil representa situaciones de malestar psicológico y carencia de las habilidades maternas y problemas de adaptación del hijo/a. Combina factores contextuales (historia de abandono de la madre, malestar psicológico y falta de habilidades de organización doméstica) y factores próximos centrados en el desconocimiento y despreocupación de las necesidades de los hijos y las consecuencias negativas hacia ellos (absentismo, retraso escolar, problemas de conducta), así como los problemas convivenciales parento-filiales. Este perfil es especialmente característico del grupo de riesgo alto, pero también afecta al riesgo medio. De modo que el perfil de negligencia parental y violencia familiar por sí solo es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el alto riesgo.

Por tanto, tal y como se muestra en estudios anteriores (Kolvin et al, 1988; Rutter y Quiton, 1984), la acumulación de factores de riesgo tiene un efecto negativo sobre el desarrollo del menor. Además, los profesionales dan un peso importante tanto a los factores contextuales como a los próximos. Especialmente estos últimos van asociados a consecuencias negativas para los hijos, tanto en familias biparentales como monoparentales (Ackerman et al, 1999). Comparando más en detalle los perfiles en cada tipo de familia, se observa que en las biparentales es el perfil de maltrato y violencia el que reporta peores consecuencias para la adaptación de los hijos. Entre las monoparentales, los dos perfiles comprometen el desarrollo evolutivo.

En ambos tipos de familias se ha obtenido una gran concordancia entre la clasificación del nivel de riesgo realizada por los técnicos y la clasificación pronosticada mediante funciones discriminantes. Parece que los profesionales son sensibles a los efectos de la acumulación de los factores de riesgo, que tanto valoran los investigadores (Rogosch, Cicchetti, Shields y Toth, 1995), ya que asignan de manera bastante coherente la ocurrencia de ciertos grupos de indicadores a los niveles correspondientes de riesgo. El grupo de riesgo medio es el que más desajustes clasificatorios presenta. Se observa una mayor tendencia a sobreestimar el riesgo que a subestimarlo, sobre todo en familias monoparentales. Ésta podría ser una estrategia para garantizar la protección del menor, que es uno de los objetivos principales de los servicios sociales.

Nuestro segundo objetivo era analizar la coherencia con que los técnicos de los servicios sociales declararan en riesgo al menor a partir de su valoración psicosocial. Es de esperar que sean los menores del grupo de riesgo alto los que con mayor probabilidad estén declarados en riesgo. Estas expectativas se cumplen tanto para las familias biparentales como para las monoparentales. Una limitación a este resultado es que los juicios sobre la valoración del riesgo y la declaración de riesgo no son independientes. Sin embargo, llama la atención que, aunque los profesionales no han negociado explícitamente sus decisiones, hay un acuerdo tácito bastante importante a la hora de tomarlas. Quizá la clave esté en que el criterio de «declarar en riesgo» al menor permaneciendo en la familia, por el que se ha optado en varias leyes autonómicas en España, como la de Canarias, sea mucho más claro que el criterio de «riesgo de desamparo» del menor enviándolo fuera de la familia, típico de Estados Unidos (Britner y Mossler, 2002; DePanfilis y Scannapieco, 1994) y de otros países europeos (Arad, 2001; Kemp, Veerman y Brink, 2003). Además, el criterio de declaración de riesgo permite una detección más temprana de los casos y una intervención más prolongada, con una filosofía de preservación familiar, que el de la inminencia del desplazamiento.

En suma, con este trabajo hemos pretendido aportar un instrumento de valoración del riesgo y una metodología estadística para capturar la complejidad de las valoraciones y decisiones que realizan los profesionales que trabajan con familias en situación de riesgo psicosocial. Esperamos con ello contribuir modestamente a la sistematización y a la objetividad en su quehacer profesional.

Agradecimientos

Nuestro reconocimiento a los profesionales de los Servicios Sociales Municipales de las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma por su participación en esta investigación.

Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto 2002/177, del Gobierno de Canarias, concedido a la tercera autora.

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